- En los últimos 40 años los desastres ambientales se duplicaron debido a los efectos del cambio climático. En 2016 afectaron a 445 millones de personas.
- El concepto gestión de riesgo tomó notoriedad en los últimos años, con el fin de minimizar los daños y pérdidas en los eventos peligrosos y como política de adaptación al cambio climático.
- El año pasado se sancionó la Ley 27.287 que crea el sistema de gestión del riesgo.
- Es un avance, pero hace falta compromiso y voluntad política para lograr un efectivo Ordenamiento Ambiental del Territorio.
Por Consuelo Bilbao @Cebilba
Las catástrofes como inundaciones e incendios dejaron de ser eventos aislados para convertirse en una realidad recurrente. De acuerdo a Naciones Unidas[1], en los últimos 40 años los desastres ambientales se han duplicado debido a los efectos del cambio climático. El número de afectados durante el 2016 alcanzó los 445 millones de personas. Mas del 70% de los puntos más expuestos a desastres pertenecen a los países de ingresos bajos. Las pérdidas mundiales causadas por fenómenos naturales se estimaron en 4.200 billones de dólares entre 1980 y 2014. Estas pérdidas fueron de 50.000 millones durante los años ochenta y escalaron a casi 200.000 millones en la última década[2].
La noción de Riesgo Ambiental refiere a los daños que se pueden producir tanto por factores naturales, como factores antrópicos. Las actividades productivas y el desarrollo sobre el territorio sin su debido ordenamiento y planificación, pueden ser la causa del riesgo o agravar la situación. Sabemos que los eventos extremos no podrán evitarse, pero sus consecuencias catastróficas pueden reducirse a través de la previsión e intervención por parte del Estado.
En los últimos años el concepto de gestión de riesgo ha tomado notoriedad en la comunidad internacional y la agenda de los Estados. Su enfoque se basa en la reducción de las amenazas, la exposición y la vulnerabilidad social, para evitar o minimizar los daños y las perdidas en casos de producirse nuevos eventos peligrosos. Este proceso requiere de una mirada integradora que abarca a las diferentes ciencias y disciplinas como la física, biológica, ambiental, económica, social y política, entre otras.
Claudia Natenzon[3] especialista en gestión del riesgo afirma que “La gestión del riesgo puede considerarse como una estrategia de adaptación al cambio climático. Las políticas de adaptación no son independientes de las estrategias en curso; las actividades de desarrollo pueden potenciar la adaptación a nuevos escenarios climáticos, pero también pueden malograrla. El cambio climático es hoy un reto porque exige revisar nuestros marcos de pensamiento y reformular nuestros procesos de toma de decisión, en condiciones de incertidumbre”.
En Argentina fue aprobada en octubre del año pasado la Ley 27.287 que crea el Sistema Nacional para la gestión del Riesgo y la Protección Civil, que tiene como objeto integrar las acciones y articular el funcionamiento de los distintos niveles gubernamentales (Nacional, provincial y municipal), las ONG y la sociedad civil, para fortalecer y optimizar las acciones destinadas a la reducción de riesgo. Si bien este sistema puede ser un avance en la materia, el desafío será que no decaiga solo en la gestión de la emergencia. Es necesario que sea un real articulador entre las distintas áreas del Estado, para relevar e integrar las diferentes actividades en curso, prevenir las que podrían incrementar los daños y fomentar aquellas que podrían disminuirlos.
Saskia Marijnissen, Directora de Medio Ambiente de PNUD África sostiene “…las soluciones basadas en la naturaleza, la adaptación basada en los ecosistemas o la infraestructura verde se consideran cada vez más como alternativas o complementos de las infraestructuras tradicionales, a la hora de proporcionar protección contra las inundaciones. Estos enfoques tienen como objetivo proteger, gestionar de manera sostenible y restaurar los ecosistemas para enfrentar los desafíos de la sociedad (como el cambio climático, la seguridad del agua o de los alimentos y los riesgos de desastre), proporcionando al mismo tiempo bienestar humano y beneficios ambientales””… “construir con la naturaleza es en nuestros tiempos un concepto cada vez más popular, y soluciones como la restauración y protección de los humedales, marismas y sistemas de dunas naturales a menudo son los preferidos para la reducción del riesgo de inundación”. [4]
Es aquí donde parece que las políticas gubernamentales hacen agua; no se solucionará solo con una ley de gestión de riesgo, sino más bien con el compromiso y la voluntad política de avanzar sobre el ordenamiento ambiental del territorio. Esta política será efectiva sí trasciende a los diferentes estamentos y es incorporada por todos lo ministerio de gobierno, para poder disminuir los impactos que generan el desarrollo económico y el crecimiento demográfico.
A la vista de lo sucedido con el tratamiento del proyecto de Ley de Protección de Humedales, cuyo resultado fue una media sanción del Senado con un articulado que en la práctica no servirá para proteger estos ecosistemas (Ver Los Humedales Seguirán sin protección), los hechos indican que nuestra dirigencia política no avala las medidas de adaptación basada en la infraestructuras verdes. Esta actitud menosprecia la importancia de la restauración y protección de ecosistemas claves para, entre otras cosas, controlar las inundaciones.
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