- Desde fines del año pasado, el Gobierno de Córdoba intenta avanzar con una reforma legislativa que pondría en riesgo el escaso monte nativo que queda en esa provincia
- Asambleas de vecinos, ONGs y el Movimiento Campesino exigen que se cumpla con la ley nacional de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos
- Entre 1904 y 2004, la provincia perdió 90 por ciento de su bosque. En la última década, la frontera agrícola avanzó aún más y hoy sólo queda el 3 por ciento (1).
- La acción ciudadana está siendo decisiva en la protección de esos bienes comunes, en un territorio que sufre graves consecuencias del desmonte.
Por Lucía Guadagno* @luciguadagno
Al monte nativo en Córdoba lo defienden los ciudadanos de a pie, organizados en la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (2). En ella convergen asambleas vecinales y organizaciones de la sociedad civil que exigen al Gobierno cumplir con los presupuestos mínimos de protección ambiental que establece la ley nacional Nº 26.331 (3).
A fines de 2016, legisladores del partido oficialista Unión por Córdoba, junto con algunos aliados del radicalismo, intentaron sancionar una reforma(4) de la ley provincial de bosques y una actualización del mapa de ordenamiento territorial sin cumplir con las instancias de participación que prevé la ley nacional.
El rechazo social fue inmediato. Los cordobeses tienen un mal recuerdo: en 2010, tras dos años de trabajo y participación ciudadana en la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el Gobierno introdujo, a último momento, cambios al proyecto consensuado. El resultado fue una reducción de las áreas protegidas. Así nació la ley provincial de bosques Nº 9814 (5) y un mapa de ordenamiento que, por no cumplir con las condiciones mínimas que requería la ley nacional, debió volver a hacerse. Ese mapa establece la protección de 4 millones de hectáreas.
La reforma que ahora se intenta sancionar dispone que en las zonas de máxima protección del bosque (categorías I -rojo- y II -amarillo-) podrían autorizarse obras de infraestructura y actividad minera de carácter transitorio. Además, permitiría el desmonte químico y hubo una gran discusión en torno al rolado, una técnica para despejar los estratos más bajos del bosque de modo que el ganado pueda habitarlo. A su vez, cambia la autoridad de aplicación: dejaría de ser el ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos para ser el Ministerio de Ciencia y Tecnología. El mapa de ordenamiento territorial que acompañaba ese proyecto era desconocido.
El argumento principal para sostener la reforma es que la actual ley y mapa de bosques no permiten el desarrollo de actividades agropecuarias en el arco noroeste de la provincia. Esta posición es defendida por entidades como la Federación Agraria y la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez). Si bien afirman que para el sector es importante la protección del bosque, de las 4 millones de hectáreas que preserva el ordenamiento actual, sólo reconocen 1,9 millones.
El mapa tiene que actualizarse cada cinco años, según establece la ley nacional. Córdoba está atrasada dos años, lo que le impide recibir fondos nacionales específicos para el manejo sostenible del bosque.
Marcha atrás
Pese a que el oficialismo tiene mayoría en la Legislatura Unicameral como para aprobar el proyecto, ante el manifiesto rechazo social, el gobernador Juan Schiaretti decidió que no cargará con ese costo político. “Si no hay consenso, no hay ley”, dijo al inaugurar las sesiones legislativas el 1° de febrero pasado (6).
Sin embargo, en lugar de buscar el consenso a través de los mecanismos que establece la ley nacional, Schiaretti quiere que el debate se resuelva en la Legislatura. Pero la normativa es clara (7). Para actualizar el mapa, la autoridad de aplicación, en este caso, la secretaría de Ambiente de la Provincia, tiene que conformar una Unidad Ejecutora que convoque a dos foros: uno técnico y otro de participación. Y llevar a cabo un proceso participativo y transparente en el que intervengan la mayor cantidad de actores sociales posibles.
El 1° de marzo pasado, a horas de que comience una multitudinaria movilización ciudadana en defensa del bosque en la capital provincial, toda la oposición se negó a continuar con el debate en la Legislatura. Los bloques Córdoba Podemos, Cambiemos, el Frente de Izquierda y Encuentro Vecinal Córdoba plantearon que sólo apoyarán un mapa y una ley que surja de un proceso acorde a a las pautas del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema).
A pesar de ello, el Gobierno persiste. Avanzó en el diseño de un sistema de información geográfica para actualizar el mapa, mantiene reuniones con técnicos de algunas universidades y en la Legislatura, insiste en legitimar ese proceso.
El 15 de mayo pasado recibió otro contundente “no”. En una reunión de comisiones legislativas, representantes de más de 80 organizaciones de la provincia, junto con los bloques opositores, reiteraron que no participarán ni avalarán ningún procedimiento que esté fuera de la ley nacional.
De manera constante, en casi todo el territorio provincial, se realizan asambleas ciudadanas para proteger el monte. La Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo ya adelantó a los legisladores que, de no cumplirse con la ley nacional, continuarán manifestándose en las calles y recurrirán a la Justicia.
*Periodista, especializada en temas socioambientales.
1Cabido, M. y Zak, M. Deforestación, agricultura y biodiversidad (2010).
2Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo
3 Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos.
4 Proyecto de ley Expte. 20811/L/16
6 Discurso del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. 1° de febrero de 2017.
7Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema). Pautas metodológicas para la actualización de los Ordenamientos Territoriales de los Bosques Nativos.
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