Por Eduardo Ricciuti*
Cada día más de 23.500 toneladas de residuos sólidos urbanos, provenientes de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y 52 municipios bonaerenses, llegan a los complejos ambientales que CEAMSE (Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado) gestiona en el Área Metropolitana de Buenos Ares (AMBA). La gestión de esas miles de toneladas de residuos representa un alto costo para el Estado, en particular para los municipios que deben comprometer una gran porción de sus presupuestos para ello (entre 10 y 25%). Esta situación resulta cada vez más acuciante si consideramos que las áreas urbanas seguirán creciendo y que nuestro modelo de producción y consumo es una máquina de fabricar para el descarte.
CEAMSE implementa tecnologías integrales de tratamiento para disminuir la disposición final y potenciar la economía circular. Se reciclan los residuos de neumáticos, se hace compost con la fracción de poda y jardinería y se capta el biogás de los rellenos sanitarios para generar electricidad, entre otras actividades, por ejemplo, pero nada de ello es suficiente si no se apunta al foco del problema. Debemos promover regulaciones que impacten en el diseño y la producción de bienes para prevenir y disminuir la generación de residuos.
Nuestro país ha quedado muy relegado en la implementación de políticas que internalicen los costos ambientales en los procesos productivos y en los productos mismos, socializando los costos e impactos ambientales del consumo de bienes, que cada vez se descartan más rápido.
En el mundo, y en la mayoría de los países vecinos, se han venido implementando en el transcurso de esta última década instrumentos legales para abordar la gestión de los residuos desde la prevención en la generación, y ya no solamente desde la gestión del residuo. Existen diversos esquemas dependiendo las características de cada país, pero todos ellos comparten el mismo principio: el de la responsabilidad extendida del productor (REP).
En primer lugar, la REP implica el desplazamiento de la responsabilidad de la gestión y sus costos desde el Estado hacia el productor, es decir, hacia quien fabrica un producto y obtiene una ganancia por su comercialización. En segundo lugar, busca proveer de incentivos a los productores para que consideren los aspectos ambientales en el momento del diseño de sus productos, considerando los impactos ocasionados en el ambiente una vez finalizada la vida útil del producto, y el daño ocasionado en el entorno por la presión sobre los recursos naturales renovables y no renovables utilizados como materia prima.
Para prevenir la magnitud exponencial de residuos que estamos generando, que a este ritmo tarde o temprano llevará a una crisis, necesitamos de forma urgente una legislación nacional bajo el principio REP que otorgue la responsabilidad de la gestión de los productos pos consumo a los productores y los motive a mejorar sus diseños para generar menos residuos y para que sean más fácilmente reciclables. De esta forma se promueven incentivos para considerar y mejorar los aspectos ambientales en el diseño de un producto, como incrementar los sistemas de logística inversa, evitar el uso de materia prima que no se puede reciclar, reusar componentes, incorporar materia prima reciclada en el nuevo producto y aumentar la vida útil de un producto.
En la Honorable Cámara de Diputados de la Nación existe para su tratamiento el proyecto de ley bajo el expediente1874-D-2019[1], enviado por el Poder Ejecutivo Nacional durante el 2019, que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de residuos bajo el principio de la REP.
Este proyecto alcanza a los residuos especiales de generación universal llamados REGU, que son los aceites vegetales usados (AVU) y sus envases, los aceites minerales usados y sus envases, los aparatos eléctricos y electrónicos en desuso y sus componentes, pilas y baterías portátiles, luminarias, cartuchos y tonners, medicamentos vencidos y envases de medicamentos, neumáticos fuera de uso e instrumentos que contengan mercurio y acumuladores de ácido plomo.
En primera instancia, y teniendo en cuenta las corrientes de residuos que se gestionan a nivel mundial bajo la REP, debemos señalar que esta propuesta de regulación no alcanza a los envases posconsumo de alimentos, bebidas, cosmética y limpieza, cuyo impacto resulta significativo en los RSU, dado que representan entre el 20-30% de los residuos domiciliarios. Sin embargo, podemos inferir que se los ha dejado por fuera, debido a que se vienen discutiendo desde hace ya muchos años proyectos específicos para regular de forma diferenciada a los envases debido a su masividad, impacto y complejidad.
Por lo demás, resulta destacable que define de forma precisa el principio REP, obligando al productor a responsabilizarse por la gestión integral y financiera de sus productos, como así también la figura del productor, sin dejar grietas o dudas sobre quién debe pagar por la gestión.
Los productores deberán conformar sistemas integrales de gestión de forma individual o colectiva que deberán ser aprobados por las autoridades provinciales ambientales y la autoridad ambiental nacional, según corresponda.
A su vez, establece responsabilidades para los usuarios y comercializadores, para que los primeros lleven el producto al lugar de acopio establecido por el sistema de gestión y los segundos dispongan de un espacio para recibir el residuo.
Otro punto importante es el establecimiento de metas progresivas de reciclado que deberán cumplir los productores, como así también la trazabilidad del producto. Esto nos permitiría contar con información sobre la generación y el reciclado de residuos, datos que los organismos públicos hoy no tienen para poder hacer seguimiento, solo contamos con los registros de disposición final de los complejos de CEAMSE, pero no son suficiente para evaluar de forma acabada las políticas de residuos sólidos urbanos.
Esperamos que durante el 2020 nuestros legisladores tomen en la agenda de urgencias la necesidad de regular para la prevención y sancionen una ley para la gestión integral de residuos sólidos urbanos de manejo especial o especiales de generación universal bajo el principio REP.
[1] Expediente 1874-D-2019, disponible en https://www.diputados.gov.ar/proyectos/resultados-buscador.html
* Eduardo Ricciuti es presidente de CEAMSE (Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado). Ex Subsecretario de Asuntos Interjurisdiccionales y Políticas Metropolitana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ex Secretario de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ex Subsecretario de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ex director del Programa Ambiental del INTI. Evaluador de Impacto Ambiental ante la Unión Europea. Posgrado de tratamiento y Gestión de la Contaminación. Universidad de Valladolid. España. Arquitecto Universidad Nacional de Buenos Aires.
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