PRESUPUESTO NACIONAL: HISTORIA DE MÁS DE 10 AÑOS DE DESFIANCIAMIENTO PARA NUESTROS BOSQUES NATIVOS

Por Daniela Gomel*

Publicado originalmente en la Agenda Ambiental Legislativa 2020 del Círculo de Políticas Ambientales.

Desde 2007 Argentina cuenta con la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el Enriquecimiento, la Restauración, Conservación, Aprovechamiento y Manejo Sostenible de los Bosques Nativos.[1] Desde siempre esta ley estuvo desfinanciada, y por ende muy limitada para cumplir su plena función. En este artículo se desandan algunas de las aristas de este problema, focalizándonos en la falta de fondos.[2]

Cada año, el Poder Ejecutivo de la Nación envía a la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio fiscal del año siguiente. En otras palabras, todos los años los y las gobernadores y gobernadoras y el presidente analizan y negocian cómo se asignarán los fondos del estado nacional y luego los y las legisladores y legisladoras de cada cámara votan el presupuesto nacional. Es decir, el arco político del país decide qué políticas públicas se priorizan, y en este proceso la Ley de Bosques siempre ha quedado al final de la lista. El “desarrollo sostenible” entonces se tergiversa dejando a nuestros principales recursos naturales desprovistos de herramientas que permitan su conservación a la altura de los desafíos locales, nacionales y globales que enfrentamos.

El Artículo 31 inciso a) de la Ley 26.331, sancionada por el propio Congreso, dispone que el 0,3% del presupuesto nacional debe ser asignado al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN). Como se muestra en la Tabla 1, nunca se asignó ni la mitad de ese 0,3% desde la reglamentación de la Ley en 2009. De hecho, esos porcentajes fueron cayendo estrepitosamente, alcanzando un 4,6% en 2019.

El FNECBN permite financiar el pago por los servicios ecosistémicos que proveen los bosques que permanecen de pie, en las zonas amarillas y rojas de los Ordenamiento Territoriales de Bosques Nativos (OTBN) de cada provincia. En otras palabras, este fondo es el que permite que gran parte de la maquinaria de la ley se active a los fines de hacer operativos los OTBN donde deberían convivir la conservación de los bosques y los aprovechamientos productivos.

Por otro lado, el Artículo 31 también obliga a financiar el FNECBN con el 2% de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal. Además, la Ley crea el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos (PNPBN) dotando a la autoridad nacional de aplicación (ahora Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) de recursos para elaborar indicadores y criterios de sustentabilidad, crear planeas de reforestación y capacitar a las Autoridades Locales de Aplicación (ALAs), para garantizar los presupuestos mínimos comunes a todas las provincias, entre otras funciones. Contabilizando el FNECBN, el PNPBN y lo dispuesto por el Artículo 31, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)[3] calcula que los porcentajes de efectiva asignación respecto de lo que indica la Ley son alarmantes, tal como se observa en la última columna de la Tabla 1.

No es entonces casualidad que Argentina tenga uno de los once frentes más deforestados a nivel mundial[4]: la selva misionera y el Gran Chaco, el cual concentra el 60% de los bosques del país.[5] Esto ocurre aun cuando la tasa de deforestación anual se estabilizó en los últimos años en un 0,5%,[6] en especial porque la deforestación ilegal en zonas amarillas y rojas persiste (Figura 1).

Esta grave situación se explica por varios factores, solo mencionaremos algunos en este artículo. Por un lado, el paquete tecnológico agrícola es cada vez más adaptable a suelos donde justamente están los bosques nativos ejerciendo presión en zonas donde antes no había actividad agropecuaria, principalmente en el Gran Chaco. Entonces, el costo de oportunidad para el dueño de la tierra de mantener el monte de pie es más alto. Por otro lado, en un contexto de recesión económica, donde se precisa crecer, los incentivos para desmontar los bosques incrementan. Resulta entonces imposible hacer frente a estos factores si no se cuenta con fondos serios que permitan realizar los pagos por servicios ecosistémicos que proveen los bosques conservados y su control y monitoreo.

En un informe reciente -aún pendiente de publicar- que realizamos desde la Fundación Vida Silvestre Argentina junto a FARN, hicimos un diagnóstico de la implementación de la Ley de Bosques Nativos e identificamos los principales problemas. Dentro de ellos, muchos radican en la falta de financiamiento del FNECBN. Por ejemplo, los órganos ejecutores a nivel provincias (en la jerga de la ley, las Autoridades Locales de Aplicación, ALAs) tienen pocas capacidades para controlar los desmontes ilegales; no hay capacidades ni lineamientos para armonizar los OTBN entre provincias que comparten bosques y el acceso a la información es débil, entre otros problemas estructurales además del desarrollado más arriba.

En consecuencia, el cambio de uso del suelo por deforestación sin una adecuada planificación redunda en sequías e inundaciones que afectan no solo a poblaciones aledañas a las zonas productivas y a otras más alejadas, sino también a la propia producción agropecuaria. A nivel país la productividad agrícola sufrió pérdidas calculadas en USD 30 millones anuales asociadas a la reducción de la calidad de suelos por erosión hídrica, contemplando el maíz, la soja y el trigo.

En síntesis, la falta de financiamiento de la Ley de Bosques no es un asunto aislado del desarrollo económico y la prosperidad de la sociedad argentina. Contamos con una política robusta, lo que precisamos es que nuestra clase política acuerde priorizar la protección de los bosques pensando en el presente y el futuro de nuestra sociedad, viéndose reflejado en la asignación de los fondos correspondientes, la actualización de los OTBN y el incremento de las capacidades de las provincias para implementarlos. En paralelo necesitamos una sociedad comprometida que reclame por sus derechos.


[1] Organización Mundial de Conservación (2015). Saving Forests at Risk en WWF: Living Forests Report. Capítulo 5.

Disponible en: http://awsassets.wwfar.panda.org/downloads/living_forests_report_chapter_5___saving_forests_at_risk.pdf

[2] Dato construido por Fundación Vida Silvestre Argentina en base a OTBN provinciales.

[3] SAyDS (2018). Informe del Estado del Ambiente 2018. Disponible en: https://informe.ambiente.gob.ar/

[4] Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el Enriquecimiento, la Restauración, Conservación, Aprovechamiento y Manejo Sostenible de los Bosques Nativos (2007).

Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/136125/norma.htm

[5] Para una visión más acabada de la situación de nuestros bosques nativos, las distintas presiones que enfrentan y sus consecuencias, se citan diversos informes

[6] FARN (2019). Presupuesto 2019: la historia de los recortes continúa. Disponible en: https://www.farn.org.ar/wp-content/uploads/2019/02/DOC-PRESUPUESTO_2019_links.pdf

Autora:

Daniela Gomel es Licenciada en Ciencia Política (UBA) y Magíster en Política Energética (University of Sussex). Actualmente es Especialista de Políticas Públicas y Gobernanza en la Fundación Vida Silvestre Argentina. Antes fue asesora parlamentaria, docente en la carrera de Ciencia Política (UBA), trabajó en la Agencia de Protección Ambiental de CABA y en Fundación Directorio Legislativo. También colaboró para distintos medios especializados en asuntos ambientales.

Fundación Vida Silvestre Argentina trabaja hace más de 30 años, junto con otros actores, para lograr un desarrollo sustentable en armonía con la naturaleza. Además, es miembro asociado a la Organización Mundial de Conservación (WWF).

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