- En la Argentina se comenzó a hablar de manera más frecuente sobre la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) en 2007 cuando, por primera vez, ingresó al Congreso de la Nación un proyecto de ley de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos bajo este principio.
- El debate y la aplicación de políticas públicas sobre gestión de residuos bajo el principio REP encuentran a la Argentina rezagada. El escaso interés político y las fuertes presiones de las empresas para que no se sancione una legislación de este tipo han mantenido al país en el atraso normativo.
- Hoy la REP puede convertirse en realidad a raíz de la intención del Gobierno Nacional de ingresar a la OCDE.
- La REP es un principio político orientado a promover mejoras ambientales para ciclos de vida completos de los sistemas de los productos, que hace responsable a los productores de la gestión de sus productos una vez finalizada su vida útil.
Por María Eugenia Testa @eugetesta
Es cada vez más evidente que para evitar los impactos ambientales del circuito lineal del extraer-producir-consumir-tirar en el que se basa la economía de nuestra civilización se necesita un cambio, pero no sólo en los procedimientos de extracción de materia prima, en los procesos de producción o en el tratamiento de los residuos, sino también en las características de los productos mismos.
Para romper con esta lógica lineal que genera presión sobre los recursos naturales en una punta y contaminación y desperdicio en la otra; el sistema productivo debe considerar el ciclo de vida completo de cada uno de los productos que se ponen en el mercado para ponderar el impacto real de su producción y consumo.
Pero para considerar el ciclo de vida de un producto y el impacto ambiental en cada una de sus etapas, es necesario fijarse en el producto mismo antes que en el proceso de su producción. Esto es así ya que podemos asumir que los impactos ambientales que un producto generará están pre-determinados por el diseño del mismo.
El mejor ejemplo de que la instancia del diseño del producto es clave a la hora de contemplar los impactos ambientales es la obsolescencia programada, que es el diseño y producción de productos con el objetivo de ser utilizados por un período de tiempo específico. Su duración está pre-determinada por su productor.
El término Responsabilidad Extendida del Productor (REP) fue oficialmente presentado en 1990 en el informe para el Ministerio de Medio Ambiente de Suiza, “Modelos para la responsabilidad extendida del productor”[1]. Posteriormente, el concepto fue revisado y definido como principio ambiental, dándole un matiz legal dentro del marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La REP es un principio político orientado a promover mejoras ambientales para ciclos de vida completos de los sistemas de los productos al extender las responsabilidades de los fabricantes del producto a varias fases del ciclo total de su vida útil, y especialmente a su recuperación, reciclaje y disposición final[2].
El concepto implica que las responsabilidades, tradicionalmente asignadas a los consumidores y las autoridades responsables de la gestión de residuos, se trasladan al productor de los productos y se basa en tres pilares: el principio de prevención, el que contamina paga y el ciclo de vida, todos orientados a introducir mejoras ambientales en el diseño de los productos.
En la Argentina se comenzó a hablar de manera más frecuente de la REP en 2007 cuando, por primera vez, ingresó al Congreso de la Nación un proyecto de ley de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos bajo este principio. El proyecto no pasó por el filtro de la Cámara de Diputados (había obtenido media sanción del Senado) y terminó perdiendo estado parlamentario.
Hoy la REP vuelve al ruedo. En la actualidad existen en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados sendos proyectos de ley de gestión de envases y embalajes bajo este principio, y en la Cámara de Diputados además se han presentado proyectos de gestión de residuos eléctricos y electrónicos y de pilas y baterías. Pero la REP puede convertirse en realidad, ahora sí, a raíz de la intención del Gobierno Nacional de ingresar a la OCDE.
El trabajo en la OCDE respecto a la REP se inició en 1994 como parte de las actividades del Grupo sobre Prevención y Control de la Contaminación de la Dirección de Ambiente de dicha organización.
Fases:
Fase 1 (1994-1995) se adoptó la REP como principio básico y como una estrategia clave para lograr la minimización de los residuos.
Fase 2 (1995-1998) se realizaron estudios más a fondo acerca de dos programas de REP aplicados a los embalajes y para desarrollar un reporte marco sobre la REP.
Fase 3 (1998) elaboración y presentación del Manual Guía para los Gobiernos sobre la Responsabilidad Extendida.[3]
A la fecha, la REP que se aplica en los países miembros de la OCDE se ha concentrado principalmente en la fase final del ciclo de vida, “el ‘eslabón más débil’ en la cadena de responsabilidades de la producción”.
Otros países no miembros también han avanzado en normativa de gestión de residuos basadas en el principio REP.
Chile, que es uno de los países de la región que más recientemente ha ingresado a la OCDE (2010), ya cuenta con legislación bajo el principio REP para la gestión de diferentes corrientes de residuos; en tanto que Colombia[4], país que se encuentra más avanzado que la Argentina en su proceso de ingreso, ha recibido como recomendación de este organismo ampliar el alcance de la REP que ya rige para la gestión de los residuos eléctricos y electrónicos a otros tipos de desechos.
El productor es para la OCDE el actor clave para minimizar los impactos ambientales del proceso de producción porque:
- Su liderazgo es crítico para el éxito de la política en la materia, ya que éste ocupa una posición clave para influir en los actores que intervienen en la cadena de su producto (importadores, distribuidores, comercializadores al mayoreo y menudeo, consumidores, medios de comunicación, educadores y autoridades gubernamentales).
- Puede influir además en el impacto ambiental de sus productos (adoptando medidas durante su diseño y fabricación), así como corregir las fallas de mercado al respecto.
Los estudios y encuestas realizados en países europeos de la OCDE indican que los actores de la cadena de los productos coinciden en identificar a los productores de los mismos como los más indicados para asumir la responsabilidad principal y el liderazgo para implantar los programas para su manejo, por ser éstos los que poseen el conocimiento sobre sus productos, los materiales y procesos que se utilizaron en su fabricación, y por lo tanto, los que pueden incorporar las mejoras en su diseño, composición y procesamiento, para alcanzar los niveles de eficiencia ambiental que buscan lograrse a través de los esquemas de Responsabilidad Extendida del Productor.
Es decir, los productores ocupan una posición ideal para hacer los cambios en sus productos a fin de alcanzar los objetivos de los programas de responsabilidad extendida de los productores y estimular la innovación y rediseño en sus productos, promoviendo la fabricación de productos que generen menos desechos o productos que sean más fáciles de reutilizar o reciclar. De ahí que se identifique al productor como “la instancia que tiene mayor control sobre las decisiones relacionadas con la selección de los materiales y el diseño de los productos”[5].
Como vemos, el debate y la aplicación de políticas públicas sobre gestión de residuos bajo el principio REP encuentran a la Argentina rezagada, como en otras tantas cuestiones ambientales. Desde el 2007 hasta la fecha –salvo por la sanción de una ley de gestión de residuos de envases fitosanitarios en la que se ensayó algo parecido a una REP- nada se ha hecho al respecto. Tampoco en los últimos dos años. El escaso interés político y las fuertes presiones de las empresas para que no se sancione una legislación de este tipo han mantenido a la Argentina en el atraso normativo.
Pero el interés político que veremos en breve por la aplicación del principio REP –más allá de los legisladores que han presentado sus propios proyectos- vendrá dado por las intenciones de la Argentina de ser parte del grupo selecto de países de la OCDE. Y en este caso pertenecer tiene sus obligaciones. Y en este sentido, quizá debamos acostumbrarnos a que el diseño y la ejecución de políticas ambientales sean posibles sólo gracias a la presión de organismos internacionales o del mismo mercado, con los pros y contras que esto supone.
[1] LINDHQVIST, T. y LIDGREN, K. (1990). “Modelos para la REP”, en Ministerio de Medio Ambiente, “Del comienzo al fin: un estudio de seis ejemplos del efecto de los productos en el medio ambiente, Ministerio de Medio Ambiente de Suecia, Estocolmo.
[2] LINDHQVIST, T.; MANOMAIVIBOOL, P.; TOJO, N. (2008): “La responsabilidad extendida del productor en el contexto latinoamericano. La gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en Argentina”, Lund University. International Institute for Industrial Environmental Economics, Suecia.
[3] Libro disponible para su venta en versión PDF a través de la página: http://www.oecd.org
[4] OCDE, CEPAL y ONU: “Evaluación de desempeño ambiental de Colombia 2014”
[5] OCDE: Libro disponible para su venta en versión PDF a través de la página: http://www.oecd.org
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