- En 2016 comenzó un proceso judicial inédito para el derecho internacional. Se constituyó un tribunal de opinión para dar lugar a los pueblos damnificados por Monsanto.
- El tribunal busca visibilizar los actos inaceptables conforme al derecho nacional o internacional.
- El tribunal concluyó que la empresa cometió el delito de Ecocidio, que “daña gravemente o destruye el medio ambiente, hasta el punto de alterar de forma significativa y duradera el patrimonio mundial o los servicios de los ecosistemas.
Por Franco Segesso
En octubre del 2016 comenzó un proceso judicial inédito para el derecho internacional. Tras el impulso de miles de organizaciones de todo el mundo se constituyó un tribunal de opinión para dar lugar al reclamo de los pueblos damnificados por la empresa estadounidense Monsanto. La sentencia, dada a conocer el 18 de abril de este año, fue lapidaria. Esta vez, la empresa no convocó a su ejército de abogados, eligió el silencio. Su poder político y mediático se lo permite.
La justicia es simbólica, la ley es una ficción y el Estado de Derecho una situación de conveniencia según el poder económico. Monsanto está entre las seis empresas más poderosas del sector químico, controla el 26 por ciento del mercado global de semillas y lo hace notar con su inmenso poder de lobby. Ninguna justicia ordinaria ni autoridad regulatoria pudo detener sus daños socio-ambientales: ecocidio.
El Tribunal Internacional Monsanto, con génesis en la tradición del Tribunal Russell-Sartre sobre Vietnam (1966-67), busca visibilizar los actos considerados inaceptables e injustificables conforme a las normas jurídicas del derecho nacional e internacional para alertar a la opinión pública, las partes interesadas y a los responsables de la administración de Gobiernos Nacionales.
Al igual que en 1966, una de las preguntas del reciente Tribunal indagó sobre el arma química conocida como el Agente Naranja. Ya con la responsabilidad de Estados Unidos probada los magistrados explicaron la complicidad de Monsanto, como productor. Las otras preguntas apuntaron a la responsabilidad por daño al ambiente saludable, al derecho a la alimentación, a la salud, a la libertad de expresión e investigación científica y al ecocidio. Este último se entiende por aquel delito que “daña gravemente o destruye el medio ambiente, hasta el punto de alterar de forma significativa y duradera el patrimonio mundial o los servicios de los ecosistemas de los que dependen determinados grupos humanos”. Finalmente, el Tribunal consideró que Monsanto generó los daños representados por las seis preguntas citadas.
A diferencia de 1966, el Tribunal estuvo integrado por jueces. Todos ellos profesionales de la justicia o jueces en ejercicio. Fueron 5 integrantes, como en nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación (pero con vocación de justicia socioambietal). Eleonora Lamm fue la representante argentina. Quien ejerce su profesión como subdirectora de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Mendoza, se especializada en bioética y es integrante del Conicet. También hubo testigos de argentina: el Dr. Verzeñassi, María Riz Robledo, Diego Fernandez y representantes de la Red de Abogados de Pueblos Fumigados.
¿Qué impacto tiene el Tribunal Monsanto en Argentina? Simbólico. Difícilmente algún fiscal, legislador o representante del Poder Ejecutivo use esta evidencia para frenar a Monsanto. La connivencia con del Gobierno Nacional y los provinciales es grave. A modo de ejemplo: Martín Lema (director nacional de Conabia), quien debe controlar a las empresas de semillas transgénicas tiene vínculos laborales con BASF, Syngenta, Dow, Monsanto y Bayer. Por su parte, Leonardo Sarquís, quien trabajó en el plan de gobierno la Fundación Pensar para Mauricio Macri, pasó de gerente de Monsanto al frente del Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires .
Desde las organizaciones ecologistas, este tipo de publicaciones refuerza las posiciones históricas. Sin embargo, tener la razón no es suficiente. Para cambiar la realidad social argentina es necesario que las políticas públicas locales y nacionales corten su cordón umbilical corporativo e inviertan en agroecología. Este es el único camino hacia la meta de pobreza cero y la mejora de las economías regionales. Con un campo lleno de vida, sin agrotóxicos ni cultivos transgénicos, con familias de agricultores que produzcan comida saludable y de acceso popular.
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