Por María Eugenia Testa
El año legislativo que comienza no será fácil debido a que ya se ha iniciado la campaña electoral. Ya el 2016 fue poco fructífero en materia ambiental, sólo una norma fue sancionada, la Ley 27.279 de Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios, presentada por el gobierno de Cristina Kirchner. La oposición del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (MAyDS) al trabajo legislativo en materia ambiental y la aversión de muchos legisladores a las leyes de presupuestos mínimos ejercen una férrea barrera para que los numerosos proyectos presentados puedan convertirse en ley.
La modificación de la ley 25.675 Ley General del Ambiente obtuvo media sanción en el Senado a mediados del año pasado, pero no ha tenido tratamiento aún en las comisiones correspondientes de la Cámara Baja. El proyecto introduce el principio de no regresión en el artículo 4, al que se deberá sujetar la política ambiental.
El principio de no regresión en materia ambiental fue consagrado por resolución del Congreso Mundial de la Naturaleza en el marco de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, de la cual Argentina es miembro. Plantea que la normativa ambiental no debe ser modificada si esto implica retroceder respecto a los niveles de protección alcanzados con anterioridad para evitar que éstos se pierdan.
El proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Evaluación de Impacto Ambiental fue presentado el 6 de septiembre de 2016 y no ha sido tratado aún en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. Pese a haber sido consultados, ni el MAyDS ni el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) han enviado aún sus observaciones al proyecto.
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es un procedimiento jurídico-administrativo indispensable para la toma de decisiones públicas. Es una herramienta de política y gestión ambiental para detectar los impactos de proyectos puntuales.
“Para la Argentina, sin embargo, la regulación de la EIA a nivel nacional es una asignatura pendiente. Aun cuando nuestro país sancionó diversas normas con contenido ambiental antes y después de la reforma constitucional de 1994, nunca se reguló la EIA desde el Congreso de la Nación con carácter general. Hasta ahora solo contamos con “parches sectoriales” precisamente por la falta de una ley federal”[1].
Una ley de gestión de envases y embalajes es desde hace ya muchos años una deuda pendiente. En ambas cámaras hay presentados sendos proyectos que, si bien han sido tratados por los asesores, aún no se vislumbra ningún progreso.
En la Cámara de Senadores están pendientes los proyectos de los senadores Alfredo Luenzo y Carlos Menem. En tanto en la Cámara de Diputados espera desde hace tiempo el proyecto de la legisladora María Emilia Soria, que si bien fue tratado por los asesores, no ha sido elevado aún a los diputados. Hacia fin de año, los legisladores Alcira Argumedo y Alejandro Snopek presentaron los propios.
La misma suerte ha corrido el proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Gestión Ambiental de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y sus Residuos, que fue presentado en la Cámara de Diputados y que, si bien fue tratado por asesores, no ha tenido mayor progreso.
Nuestro país está aún muy retrasado en materia de legislación bajo el principio de la responsabilidad extendida del productor (REP) para la gestión de residuos. Proyectos de ley de envases y residuos electrónicos bajo el principio REP han sido debatidos por años en el Congreso de la Nación sin llegar nunca a buen puerto. La presión de los sectores industriales en contra de este tipo de normativa es la causa principal de esta carencia.
En materia de energías renovables, los proyectos de generación distribuida presentados en la Cámara de Diputados de la Nación han resultado en un único pre dictamen, luego de un año de trabajo entre los autores de cada uno de los textos y de múltiples jornadas de consulta con los sectores involucrados. El texto sigue en evolución y se espera obtenga media sanción en los primeros meses del año. Los autores de los proyectos provienen de las diferentes fuerzas políticas; Luis Bardeggia (FpV); Juan Carlos Villalonga (Cambiemos); Néstor Tomassi (PJ) y Gustavo Bevilacqua (FR).
En tanto en el Senado espera su tratamiento el proyecto de ley sobre aprovechamiento de la energía solar térmica de la senadora Pamela Verasay.
Las energías renovables han tenido en el 2016 un fuerte impulso luego de la reglamentación de la modificación de la Ley 26.190. No obstante, para aprovechar el potencial existente en todo el país, además del desarrollo a gran escala, es necesario incorporar la generación distribuida integrada a la red y la microgeneración, y contar con la factibilidad regulatoria para comenzar a potenciar las posibilidades que brinda un modelo de generación descentralizado.
En materia de eficiencia energética, la modificación de la ley de prohibición de la comercialización e importación de lámparas incandescentes para incorporar a las halógenas a dicha prohibición y promover la producción y el consumo de la tecnología LED ya cuenta con dictamen. El proyecto espera ser tratado por los diputados en el recinto para luego pasar a la Cámara de Senadores.
Según datos del Ministerio de Energía y Minería de la Nación (MINEM), si se reemplazaran las luminarias halógenas de uso residencial por LED se generaría un ahorro del orden del 6% y 9% de la energía eléctrica que se consume actualmente en el sector residencial, y un impacto en menor requerimiento de potencia instalada en todo el país de entre 3% y 6%.
En materia de biodiversidad, el proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Humedales, que cuenta con media sanción del Senado, deberá ser tratado en la Cámara Baja. Allí además se encuentra un proyecto de ley del socialismo.
La media sanción del Senado es débil ya que no establece una herramienta primordial para ordenar el territorio: la moratoria a las actividades que se realizan en zonas potencialmente protegidas hasta tanto se haga su inventario y ordenamiento. Cuenta además con graves falencias, como la asignación de partidas presupuestarias a las provincias aunque no cumplan con el ordenamiento territorial exigido.
Por otro lado, está pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de creación de un santuario de mamíferos marinos, que declara las aguas interiores, el mar territorial, la zona económica exclusiva de la República Argentina y las áreas adyacentes a esta última sobre las cuales exista jurisdicción nacional, libre de caza y capturas dirigidas a mamíferos marinos con cualquier finalidad.
Por otra parte, con media sanción del Senado y dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara Baja avanza el proyecto de ley que aprueba el Convenio de Minamata sobre mercurio. Aún falta que sea tratado por la comisión de Recursos Naturales y pase a recinto.
Por último, el proyecto de ley de modificación del Capítulo IV de la ley 26.815 de Manejo del Fuego, que establece que en caso de incendios de superficies de bosques nativos o implantados, no podrán realizarse modificaciones en el uso o destino que los mismos poseían con anterioridad, obtuvo media sanción del Senado, fue modificado en Diputados y volvió a su cámara de origen. Ahora espera ser finalmente aprobado.
Propuestas para el debate de normativa que regule la gestión ambiental hay de sobra, lo que falta es decisión política y conocimiento técnico para avanzar en leyes que sean realmente beneficiosas para el ambiente y para la sociedad.
[1] “Hacia una ley nacional de evaluación de impacto ambiental” https://puntoverdeblog.net/2016/10/14/hacia-una-ley-nacional-de-evaluacion-de-impacto-ambiental/
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