- Desde 2009 el Congreso de la Nación no designa legalmente un/a Defensor/a del Pueblo, que garantice el resguardo de los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a los abusos e incumplimientos del Estado.
- El Defensor tuvo un alto nivel de involucramiento en causas emblemáticas como el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Esa proactividad se vio reducida a su nivel más bajo en los últimos tres años.
- En respuesta a fallos judiciales, la Comisión Bicameral del Congreso presentó candidatos. Es clave su designación para garantizar la vigencia de los derechos humanos y ambientales establecidos en la Constitución.
Por Lorena Pujo
Publicado originalmente en Infobae
Desde hace siete años y luego de la renuncia de Eduardo Mondino en 2009, los derechos de los ciudadanos, consagrados en la Constitución y en tratados internacionales, son vulnerados por la falta de designación de su reemplazo como Defensor del Pueblo de la Nación. La situación se agravó en 2014, al vencer el período legal del entonces Defensor Adjunto, Anselmo Sella.
La figura de Defensor/a fue creada a través de la ley N° 24.284 y luego incorporada a la Constitución Nacional en la reforma de 1994, con el objetivo de defender los derechos constitucionales de los habitantes frente a actos u omisiones del Estado y para ejercer el control de las funciones administrativas públicas. Tiene un rol fundamental de “tutela de los derechos de incidencia colectiva”.[1] Debe ser nombrado legalmente por dos tercios de ambas Cámaras en el Congreso, hecho que demuestra la importancia que se le asignó en ese momento a su rol en defensa de los ciudadanos.
La gravedad institucional de la virtual acefalia fue alertada tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Además, en agosto de 2016, la Corte Suprema de Justicia exhortó al Congreso su designación en el fallo sobre las tarifas de los servicios públicos, afirmando que la vacancia de ese cargo “afecta negativamente en el acceso a la Justicia de un número indeterminado de usuarios” y nuevamente en otro fallo en noviembre. Por último, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dictó un fallo reclamando lo mismo al Congreso.
En 2014 en la audiencia ante la CIDH, un grupo de ONG que lleva adelante una campaña para lograr su designación, [2] presentó algunos indicadores para evaluar el impacto de la virtual acefalia del organismo. En otros destacan que:
- Hubo una disminución de la cantidad de exhortos y recomendaciones hacia organismos públicos y/o particulares: 147 resoluciones a mediados de 2009 y sólo 18 a mediados de 2014, mientras no hubo disminución de las quejas presentadas por los ciudadanos.
- Entre 2005 y 2009, la Defensoría inició 26 causas y fue citada como tercero en 23 causas adicionales. Mientras en 2010 y 2011 sólo inició una causa y fue citada como tercero en 2 causas, en 2012 y 2013 no inició acción alguna, ni participó como tercero en ningún juicio.
A su vez, las ONG denunciaron falta de proactividad en casos concretos que afectaron los derechos humanos e identificaron, entre otros ejemplos, pasividad en casos públicos importantes: choque de tren en 2012 en la Estación Terminal Once, detenciones de ciudadanos contra explotación minera en Santa María, en Catamarca en 2012 y suspensión de la Asociación de Consumidores Libres en 2012.
En el caso de los derechos ambientales, el Defensor había tenido un rol preponderante en la causa por el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, coordinando al Cuerpo Colegiado de ONG a cargo del control del cumplimiento del fallo de la CSJN. Hoy ya no cumple ese rol: por primera vez en nueve años no participó institucionalmente, por carecer de facultades, en la última audiencia pública realizada ante la Corte a fines de 2016.
Frente a los fallos judiciales y la presión de la sociedad civil, antes de fin de año se conformó la Comisión Bicameral de designación en el Congreso y ya se presentaron candidatos. Se espera que el tema sea tratado en la reapertura de sesiones de este año. Los derechos humanos y ambientales de los argentinos y argentinas no pueden pasar otro año sin Defensor.
[1] http://www.telam.com.ar/notas/201608/159588-corte-suprema-defensor-del-pueblo.html
[2]http://poderciudadano.org/wp-content/uploads/2014/10/Impacto-de-la-falta-de-nombramiento-del-DP.pdf
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