- La actual gestión de gobierno realizó una revisión de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en todas sus facetas y acordó con China un nuevo proyecto.
- La Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió las obras por falta de la evaluación de impacto ambiental.
- Los impactos de las grandes represas, cualquiera que sea su propósito, son multidimensionales, acumulativos, sinérgicos.
- Los resultados de las rondas 1 y 1.5 del Programa RenovAr marcan una gran ventaja de las renovables, incluida la minihidráulica, frente a las grandes represas (que son excluidas como fuentes renovables de energía por sus impactos ambientales).
Por Elba Stancich
Luego de marchas y contramarchas con el desarrollo del complejo hidroeléctrico en la provincia de Santa Cruz sobre el río del mismo nombre, el 21 de diciembre pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) suspendió las obras a través de una medida cautelar. El fallo indica que se debe implementar el proceso de evaluación de impacto ambiental y una audiencia pública en el Congreso Nacional, tal como lo indica la Ley 23.879 de Impacto Ambiental de obras hidráulicas con aprovechamiento energético.
La obra se adjudicó en agosto de 2013 a un consorcio internacional de capitales chinos y argentinos conformado por Electroingeniería S.A., HidroCuyo S.A y China Gezhouba Group Corporation, quienes comenzaron los trabajos de preparación de accesos e infraestructura básica para la obra a principios de 2015.
La salida para cumplir con China
Existiendo compromisos internacionales firmes y en ejecución para la realización de la obra, la actual gestión realizó una revisión del proyecto en todas sus facetas: ambientales, legales, comerciales, financieras, jurisdiccionales e institucionales.
La renegociación permitió al Gobierno evitar una situación eventual de cross default. Previo acuerdo entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Santa Cruz, se lograron destrabar con China las diferencias y se cerró el trato con un documento que se puede resumir en cuatro puntos: las represas no tendrán 11 turbinas, como estaba previsto originalmente, sino ocho; disminuyó el monto de la obra de US$ 7600 millones a US$ 4000 millones; se aplazan los tiempos y la provincia de Santa Cruz obtendrá un 12% de regalías por la energía transportada al país y el Estado nacional es el que tiene la propiedad de las obras[1].
Con la reducción de turbinas, de los 1.740 megavatios (MW) de potencia iniciales que iba a tener el complejo hidroeléctrico, se redujo a 1.290 MW. El nuevo proyecto baja la cota del embalse de Néstor Kirchner en 2,40 metros para desacoplar dicho embalse en forma total del Lago Argentino y eleva la cota del embalse de Jorge C en 1,80 metros, para evitar que un tramo del río quede sin agua en parte del día y al mismo tiempo para recuperar energía, explicó el Ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren.
El conflicto
“Los embalses degradan de innumerables maneras las cuencas hidrográficas y los ecosistemas fluviales (retienen los sedimentos orgánicos e inorgánicos, cambian niveles de oxigenación, incluso pueden provocar la eutrofización de las aguas en el reservorio, afectan las temperaturas naturales estacionales de las aguas, y los flujos naturales estacionales de los caudales), el impacto afecta aguas arriba y aguas abajo del reservorio, degrada la cadena trófica del curso de agua principal, los ecosistemas ribereños o riparianos a lo largo del valle, los humedales asociados; afectan y alteran napas freáticas y, por lo tanto, vertientes y esteros o riachuelos secundarios, y también los ecosistemas costeros o litorales que son alimentados por los sedimentos que acarrea el río. Afecta incluso el mar interior porque los peces de mar interior vienen a desovar a los estuarios y desembocaduras de ríos justamente porque ahí están los sedimentos orgánicos o nutrientes, y los inorgánicos que también necesita el plancton, tal como las diatomeas que necesitan el sílice para hacer sus exo-esqueletos”, explica el ecólogo chileno Juan Pablo Orrego, presidente de la organización Ecosistemas.
Los impactos de las grandes represas, cualquiera que sea su propósito, son multidimensionales, acumulativos, sinérgicos, y no siempre están cabalmente analizados en los estudios de impacto ambiental. La norma es que primero se busca la financiación, se celebran los contratos de un proyecto que no suele ser el definitivo, y luego se completa el proceso de evaluación de impacto ambiental, a veces por etapas de manera fragmentada.
Las represas de Santa Cruz son un claro ejemplo de este procedimiento que se repite a lo largo del mundo. Siguiendo lo que indica la Ley 2.658 con respecto a evaluación de impacto ambiental, las autoridades provinciales convocaron a audiencia pública para el 9 de diciembre de 2015, en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, con solo seis días hábiles administrativos de anticipación, incumpliendo la normativa local[2].
La decisión de la CSJN, viene a salvar y emprolijar todo el procedimiento de EIA, más con un proyecto que fue modificado, y que por lo tanto debe tener un nuevo estudio de impacto ambiental, acorde a la legislación vigente tanto en el ámbito provincial como nacional.
La pregunta que cabe es, ¿puede un estudio de impacto ambiental torcer la decisión de realizar una obra? Si queremos construir un país con instituciones sanas y democráticas, la respuesta debería ser sí.
¿Son necesarias estas represas?
La situación energética de Argentina y las perspectivas a futuro, dejan claro que hace falta generar más energía. En el país hay un inmenso potencial de diversas fuentes a lo largo y ancho de su territorio.
Hoy tenemos una matriz energética altamente dependiente de fósiles que es necesario cambiar y ya hay políticas concretas para cumplir la Ley 27.191 (Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la Producción de Energía Eléctrica). La misma tiene por objetivo la contribución de fuentes de energía renovables hasta alcanzar el ocho por ciento (8%) del consumo de energía eléctrica nacional, para el 2018 y el 20 por ciento para el 2025.
Las dos primeras rondas en las que se licitaron proyectos energéticos en el marco del Plan Renovar, se obtuvieron promisorios resultados que indican la madurez de estas tecnologías y el amplio potencial que Argentina puede desarrollar, hoy algo limitado por la falta de infraestructura para redes de transmisión.
El cuadro anterior marca una gran ventaja de las renovables, incluida la minihidráulica, frente a las grandes represas -la ley considera renovables a las centrales hidroeléctricas de hasta cincuenta megavatios (50 MW). Las cifras indican que con casi la misma inversión se podría obtener el doble de potencia evitando los impactos que provocan estas obras, en menor tiempo y generando muchos más empleos de forma permanente.
Estas represas no son necesarias, pero dado el compromiso contractual, se decidió avanzar con su construcción. No obstante, la CSJN le da una oportunidad de revisión, y llama la atención con respecto a que no se pueden saltar pasos procedimentales que incumplen la ley argentina.
[1] “El Gobierno renegoció con China la construcción de dos represas”. Martín Dinatale, La Nación. 4 de mayo de 2016. http://www.lanacion.com.ar/1895181-el-gobierno-renegocio-con-china-la-construccion-de-dos-represas
[2] Con respecto al proceso de evaluación de impacto ambiental, se recomienda consultar el informe “Represas sobre el río Santa Cruz”. FARN (Enero 2016).
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