- En nuestro país aumentaron los casos y niveles de conflictividad social ante la puesta en marcha de grandes emprendimientos.
- La resistencia de las comunidades provoca la demora en la ejecución de los proyectos, el aumento de costos y muchas veces la imposibilidad de realizar el emprendimiento.
- Existen pocas instancias de mediación entre quienes se resisten a los proyectos y las empresas.
- La Licencia Social para operar no es algo que se obtiene de una vez y para siempre en un contrato, es una construcción dinámica y continua de credibilidad, confiabilidad y aceptación por parte de las comunidades
Por Consuelo Bilbao
El concepto de licencia social, si bien ya era utilizado por el sector minero en la década de los 90, surge formalmente en 2004 como una demanda de Naciones Unidas a las empresas que operaban en territorios de pueblos indígenas, para que sus actividades cuenten con el consentimiento de estas comunidades. Se trata del aval libre, previo, informado y continuo de una comunidad local y sus grupos de interés para realizar proyectos de inversión.
El aumento de la sensibilidad de la población por el uso de los recursos naturales y la creciente conciencia ambiental en diferentes segmentos de la sociedad, ponen a la dimensión ambiental en el centro de la escena, a la hora de avanzar con un emprendimiento económico.
En nuestro país aumentaron los casos y niveles de conflictividad social ante la puesta en marcha de grande proyectos mineros, hidrocarburíferos, agrícolas e inmobiliarios, como así también para la provisión de servicios públicos como rellenos sanitarios o represas.
En muchos casos, la resistencia de comunidades provocó la demora en la ejecución de los emprendimientos, el aumento de costos, dificultades para el financiamiento o, finalmente, la imposibilidad de realizar el proyecto. Además, la creciente judicialización de los conflictos ambientales, que fue acompañada por la justicia en general y particularmente por la Corte Suprema de la Nación. Ejemplo de ello son la Causa Mendoza por el saneamiento del Riachuelo, la aplicación de la Ley de Glaciares o el cierre del relleno sanitario de Ensenada, entre otros.
El aumento de la judicialización de los casos, indica que en Argentina existen pocas instancias de mediación entre las comunidades que se oponen a un emprendimiento y las empresas que pretenden llevarlo adelante. El Estado no cumple esa función y sólo acude a la resolución tarde y colocándose del lado una de las partes en pugna. En general, los gobiernos locales acompañan a la población y los gobiernos provinciales o el nacional se ubican del lado de la empresa. El Estado demuestra en general poca capacidad para llevar adelante proyectos propios.
A su vez, el sector privado suele ver como una amenaza para sus proyectos cualquier proceso de información, participación y diálogo con las comunidades previo al comienzo de las obras o las actividades. Esto lleva a que sus planes de relaciones con la comunidad y sus estrategias para la Licencia Social, caigan en las meros formalidades de brindar algo de información o en las ofertas de algún servicio social, para complementar el rol que el Estado no ocupa.
Sin embargo, la Licencia Social para operar no es algo que se obtiene de una vez y para siempre en un contrato, es una construcción dinámica y continua de credibilidad, confiabilidad y aceptación por parte de las comunidades. Es un proceso que no termina en el diálogo, sino que comienza en él y requiere una posición flexibilidad por parte de la empresa para garantizar las salvaguardas ambientales de la comunidad.
No basta con construir escuelas o mejorar caminos, la licencia social debe estar sustentada en la voluntad y la responsabilidad de las empresas, de minimizar al máximo posible los impactos y consecuencias de un proyecto y/o como compensar sus efectos. Debe ser un proceso de diálogo y transparencia que no solo muestre los procesos implementados o a implementar, sino más bien evidencie el compromiso y la responsabilidad de la compañía en garantizar el bien de la comunidad.
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