ENERGÍAS RENOVABLES Y LICENCIA SOCIAL

• La Puna es uno de los siete sitios de mejor radiación solar del mundo.
• La Patagonia podría generar suficiente energía eólica para abastecer la demanda total de energía de América Latina por siete veces.
• Si bien las energías renovables se destacan por su bajo impacto ambiental, podrían significar una alteración al ambiente y a la vida de las comunidades.
• Es aquí donde las compañías deben prestar especial atención, dado que se puede afectar el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas sobre sus territorios y recursos naturales y de otras comunidades.
• El sector privado suele ver como una amenaza para sus proyectos cualquier tipo de proceso de información y participación con las comunidades.
• Las fuentes renovables de energía tienen un sinfín de ventajas sobre las convencionales en relación a los beneficios que otorgan a la sociedad, y en este marco es que se torna conveniente que los desarrolladores alejen de las prácticas que han caracterizado a muchas de las industrias extractivas, e involucren a las comunidades cercanas en sus proyectos.

Por Consuelo Bilbao

La Puna es uno de los siete sitios de mejor radiación solar del mundo, además del norte de África, algunas zonas de Asia y pequeñas regiones de  Australia.  El mapa solar realizado por el Instituto de Investigación de Energías No Convencionales del CONICET indica que los niveles de radiación solar en la puna son mayores a los 2.300 kwh/m2, confirmando el potencial enorme que tiene la provincia de Jujuy  y algunas zonas de Salta  y Catamarca para el desarrollo de energía solar.

Mayor potencial aún tiene nuestro país en materia de energía eólica. Steve Sawyer, presidente de la GWEC (Global Wind Energy Council), señaló meses atrás que según un estudio que se realizó en los años ’90, la Patagonia podría generar suficiente energía eólica para abastecer la demanda total de energía de América Latina por siete veces. Y, teniendo en cuenta que esa evaluación se realizó con la tecnología que había hace 20 años, hoy probablemente se pueda decir que la región podría abastecer las necesidades energéticas de América Latina por 27 veces.

Si bien las energías renovables se destacan por su bajo impacto ambiental, la generación de energía de fuentes renovables a gran escala, podría significar una alteración al ambiente y a la vida de las comunidades. Un caso claro es el de los pueblos que habitan en la Puna.

De acuerdo a la Union of Concerned Scientists, para producir entre 20 y 60 megawattas se necesita un km2 de superficie para paneles solares. Además, existen plantas de energía solar térmica que pueden necesitar gran cantidad de agua para su enfriamiento. En este sentido, los proyectos de gran tamaño podrían generar algún impacto en el suelo, de la vida silvestre y afectar las actividades de las comunidades originarias de la puna argentina.

Es aquí donde las compañías que desarrollen emprendimientos energéticos deben prestar especial atención, dado que se puede afectar el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas sobre sus territorios y recursos naturales, como así también el derecho económico y social vinculado con la alimentación y el acceso al agua.

En nuestro país existen conflictos de tierras con comunidades originarias que tienen cada vez  mayor visibilidad,  debido a las reiteradas violaciones por parte de los gobiernos de toda índole -municipal, provincial o nacional-, como así también por parte de las compañías que buscan el desarrollo productivo -especialmente hidrocarburíferas- sin contemplar los derechos constitucionales y tratados que involucran a los pueblos originarios. La ONG Amnistía Internacional realizó un mapa de conflictos indígenas en el 2015 indicando que existía un piso de 183 conflictos con pueblos originarios.

La Constitución Nacional del 1994 reconoce la personería jurídica de las comunidades indígenas y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, asegurando su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. A su vez, el Convenio 169 de la OIT (organización Internacional del Trabajo) sobre pueblos indígenas y tribales, que fue ratificado en el año 2000 por la Argentina, establece que los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados, cada vez que se prevén medidas legislativa o administrativas, susceptibles de afectarlos directamente. Las herramientas indicadas son los procesos de Consulta Previa y el Consentimiento Previo Libre e Informado de los pueblos originarios.

Estos procedimientos han sido vulnerados sistemáticamente por lo cual existe una cantidad de jurisprudencia al respecto. Uno de los fallos más relevantes fue el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la acción interpuesta por la Comunidad Santuario Tres Pozos, por el cual se convocó a  un proceso de Audiencia Pública para que el Gobierno de Jujuy informe sobre los proyectos de minería de litio en Salinas Grandes y  para que se escuchen las opiniones y objeciones de las comunidades de esa región. El fallo reconocía las violaciones a las disposiciones de la Constitución Nacional y el Convenio de la OIT.

El sector privado suele ver como una amenaza para sus proyectos cualquier tipo de proceso de información y participación con las comunidades de manera previa al comienzo de las obras o las actividades, sin embargo estos proceso son indispensables para construir dialogo, legitimidad y confianza entre las partes, dando origen a lo que se conoce como Licencia Social. Claro está, que para ello es necesario brindar información, garantizar transparencia y tener apertura para escuchar cuestionamientos.

La participación de las comunidades en los proyectos productivos generalmente trae más soluciones que problemas, siempre y cuando sean valorados y considerados sus legítimos derechos y opiniones. Quienes vienen resistiéndose a trabajar de manera abierta y flexible ante la ciudadanía, terminan demorando la implementación de los emprendimientos o lo que es peor aún sin poder concretarlos, con los consecuentes daños a la imagen y la economía de las empresas.

Las fuentes renovables de energía tienen un sinfín de ventajas sobre las convencionales en relación a los beneficios que otorgan a la sociedad, y en este marco es que se torna conveniente que los desarrolladores se alejen de las prácticas que han caracterizado a muchas de las industrias extractivas, e involucren a las comunidades cercanas en sus proyectos. La energía de fuentes renovables es hoy más que necesaria que nunca ya que son la mejor herramienta que tiene la humanidad para enfrentar el cambio climático.