Por María Eugenia Testa
Publicado originalmente en la Agenda Ambiental Legislativa 2023
La agenda electoral 2023 impactó en la labor del Parlamento desde el 2022, marcando un año de baja actividad y debates conflictivos. Salvo en algunos proyectos puntuales, lo que podríamos considerar una especie de empate hegemónico entre los bloques mayoritarios, lejos de impulsar acuerdos para alcanzar el consenso, ha empantanado las negociaciones y
frenado el avance de temas clave de la agenda ambiental (entre otros), tanto en lo que refiere a la conservación como al desarrollo orientado a la inserción del país en un sistema global que transita hacia nuevas formas de producción y consumo.
Por un lado, podemos señalar el intento del Poder Ejecutivo de imponer sus propios proyectos de ley, desconociendo iniciativas previas de los legisladores, incluso de su propia fuerza política (gestión de envases posconsumo, el impulso a la movilidad eléctrica y la promoción del hidrógeno) y buscando evadir el debate a través de la discrecionalidad en los giros a comisiones (las iniciativas oficialistas se giran a menos comisiones o a aquellas presididas sólo por legisladores de su espacio) o mediante la inclusión de los proyectos en sesiones extraordinarias (en las que sólo entran los expedientes requeridos por el Ejecutivo). Por el otro lado, gran parte de la fuerza de oposición ha utilizado esta avanzada para dificultar o anular la sanción de cualquier proyecto de corte ambiental. Es cierto que han existido excepciones, y no pocos legisladores de distintas fuerzas políticas han tratado de acercar posiciones y avanzar en proyectos de relevancia pese al contexto adverso, pero no ha sido la regla.
Este año no parece ser muy prometedor debido a un cronograma electoral caracterizado por el desdoblamiento de los comicios provinciales de la elección nacional, lo que tendrá a muchos legisladores lejos del Congreso por más de medio año. Esto significa menos reuniones de comisión, menos proyectos tratados y menos debates en el recinto. Tampoco son muy alentadoras las propuestas electorales, donde, hasta ahora, la agenda ambiental y de desarrollo sostenible no
destaca.
Por otro lado, el recambio en ambas cámaras hacia fin de año también puede tener un impacto negativo en la agenda ambiental parlamentaria, ya que el avance de sectores negacionistas del cambio climático puede dificultar, aún más, el tratamiento de normas necesarias y de relevancia a partir de 2024.
La información cada vez más abundante y certera acerca de los límites planetarios que estamos excediendo a nivel global y la evidencia cercana de los incendios y la sequía -que han impactado no sólo en la biodiversidad sino además en la economía del país- parecen aún no ser suficientes para que muchos legisladores se anoticien de la realidad y consideren a la cuestión ambiental como agenda ineludible del desarrollo y el bienestar de los ciudadanos.
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