ENVASES POSCONSUMO: LA NACIÓN Y LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES PROPONEN UNA LEGISLACIÓN DIFERENTE

Por María Eugenia Testa

Circula por estos días un proyecto de ley de presupuestos mínimos* de gestión de envases y embalajes elaborado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación (MAyDS), aún no ingresado en el Congreso, que vuelve a poner sobre la mesa el debate por la incorporación del principio de la responsabilidad extendida del productor (REP)** para la gestión de estos productos y sus residuos. De forma paralela, el gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó una iniciativa para la gestión de envases y residuos especiales de generación universal (REGU) que fue ingresado a la Legislatura.

De formalizarse, el proyecto del MAyDS pasará a engrosar la lista de al menos cinco proyectos que esperan ser tratados en el Congreso de la Nación y que, si bien todos versan sobre la misma cuestión, no coinciden necesariamente en los regímenes propuestos. El de la provincia, mientras tanto, tendrá su propio recorrido. Un dato llamativo es que los proyectos del oficialismo en nación y provincia son estructuralmente diferentes en el planteo de la REP, el principio rector de los sistemas de gestión propuestos. Este punto es clave porque, de prosperar ambos, se podría generar una serie de problemas a posteriori, tanto para los productores como para los municipios y los demás actores de la cadena.

Es necesario señalar que muchas jurisdicciones subnacionales han ensayado proyectos para la gestión de envases que no avanzaron por la ausencia de una ley de presupuestos mínimos, debido a que son los municipios los que deben destinar parte de sus presupuestos para la gestión -generalmente mala- de estos productos una vez desechados.*** No obstante, es el Congreso de la Nación el que debería avanzar en una ley de estas características para que no sea cada jurisdicción la que legisle, de manera diferente y parcial, la gestión de un mismo residuo, complicando así el establecimiento de sistemas nacionales. Una proliferación de legislación provincial implicaría que los productores deberían responder a esquemas diferentes en cada jurisdicción, atentando contra la sostenibilidad ambiental y económica del sistema y la construcción de un mercado nacional de la economía circular. El proyecto de la Nación y el de la Provincia difieren centralmente en el rol asignado al productor y al Estado, y ello termina impactando en los sistemas propuestos y en los objetivos que finalmente persigue cada una de las iniciativas: enfocarse en la gestión al final de tubería o, además, impactar en la generación en origen.

Mientras el proyecto del MAyDS se centra en el establecimiento de una tasa a ser recaudada y gestionada por el Estado nacional para girarla a los municipios para que gestionen los envases posconsumo; el proyecto de la Provincia establece que los esquemas de gestión deberán ser privados bajo la evaluación y el control del Estado, pero a cargo de los propios productores. En el primer modelo, los municipios llevarán adelante la gestión con los fondos recaudados por el MAyDS, que le serán asignados en virtud del plan desarrollado y la rendición de cuentas del dinero recibido. En el segundo, serán los privados quienes podrán coordinar con los municipios las actividades que se llevarán a cabo en las etapas de la gestión que corresponda. Bajo este esquema no hay un aporte dinerario al Estado, ya que los productores serán ellos mismos los encargados de gestionar los residuos de sus productos una vez desechados.

Bajo el primer esquema, la tasa será establecida por el Estado en base a una fórmula incluida en la ley, contemplando una serie de características de los envases puestos en el mercado; en el segundo, el costo de la gestión estará definido por los gastos de la gestión en tiempo real.

El esquema presentado por el MAyDS se asemeja a los primeros sistemas REP y se concentra en la responsabilidad económica del productor. Se basa centralmente en el principio contaminador pagador. Por el contrario, la provincia va en línea con las modificaciones que se están experimentando en los esquemas REP en el mundo, debido a la proliferación de residuos plásticos a pesar del reciclado. Su proyecto está enfocado en la responsabilidad física, económica y legal y apunta más a la prevención. El esquema de la provincia presenta así una REP más adecuada, más realista y mejor adaptada al contexto actual de la proliferación de plásticos, y está en línea con los replanteos de los esquemas de gestión a nivel global.

En esta línea, el informe elaborado en 2018 por la Fundación Avina y el BID, “Estudio comparativo de legislación y políticas públicas de Responsabilidad Extendida del Productor – REP para empaques y envases”, plantea que los esquemas de tasas rara vez han provisto un incentivo que promueva el rediseño de envases y empaques o para aumentar el contenido reciclado. En el relevamiento realizado, no se identificaron casos exitosos en este sentido. Por ello, recomiendan que los productores mantengan el derecho de desarrollar y gestionar directamente el mecanismo financiero requerido para cumplir con sus obligaciones del programa REP. En esa línea, Thomas Lindhqvist, autor del principio REP, sostiene que estos sistemas logran mayor efectividad cuando más se acercan a la responsabilidad individual del productor (RIP), es decir, cuando los productores adoptan la responsabilidad física de sus productos y sus residuos durante todo el ciclo de vida.

El debate de los modelos de gestión está sobre la mesa nuevamente y atraviesa, además, a los demás proyectos que se encuentran en el Parlamento. Resultaría provechoso que, en lugar de promover un sistema provincial, el gobierno de Buenos Aires presente su proyecto bajo la lógica de los presupuestos mínimos a través de algunos de sus legisladores en el Congreso de la Nación, y sumar así al debate legislativo nacional.

* Estándares mínimos de protección ambiental obligatorio para todo el territorio.

** Desplazamiento de la responsabilidad de la gestión de los residuos a los productores en todo el ciclo de vida del

producto que producen.

***Incluye un aporte dinerario exclusivo para financiar el control del sistema, no su gestión.

Nota de opinión publicada en Conexión Animal el 14/09/2021