Por María Eugenia Testa
Desde hace ya algunos años, diferentes legisladores vienen presentando proyectos de ley en el Congreso de la Nación para establecer un sistema nacional de trazabilidad de la pesca y la acuicultura en la Argentina, aunque aún no han tenido éxito en su sanción. Actualmente, dos expedientes esperan ser tratados, en primera instancia, por la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios.
La trazabilidad implica la capacidad de rastrear y verificar la información sobre el origen y el trayecto de los productos hasta el consumidor, y cómo atraviesan la cadena de suministro: qué, quién, cómo, cuándo y dónde se produce, se procesa y transporta. La idea de rastrear productos no es nueva. Muchas industrias han incorporado hace ya mucho tiempo la trazabilidad en sus operaciones internas, por ejemplo. En el caso específico de los alimentos, la introducción de sistemas de trazabilidad interna y de la cadena ha tomado mayor impulso en las últimas décadas, debido especialmente a la promoción de regulaciones de seguridad alimentaria: en los Estados Unidos la Ley de Bioterrorismo de 2002 fue la primera norma formal emitida por el Congreso que exigió registros del origen de los alimentos.
Luego en 2011, a través de la Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria, se otorgó a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) una amplia licencia para hacer cumplir las normas de seguridad alimentaria basadas en la prevención del riesgo, lo que incluye disposiciones para mejorar la trazabilidad en todo el sector alimentario. Desde 2018 se incorpora la trazabilidad de la pesca a través del Programa de Monitoreo de las Importaciones de Pescado (FSMA, por sus siglas en inglés).
Diferentes especialistas coinciden en que la industria pesquera es un sector en el que la trazabilidad se está convirtiendo cada vez más en una necesidad comercial y legal. Por un lado, la producción continúa globalizándose y las cadenas de suministro se han vuelto cada vez más complejas. Por otro lado, la falta de estándares y regulaciones internacionales y la pesca ilegal han hecho que la identificación del origen y el trayecto de los productos del mar se torne cada vez más necesaria.
En los últimos años el impacto ambiental, económico y laboral de la pesca ilegal y/o la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR) se ha vuelto más evidente. Esta actividad genera una pérdida de biodiversidad y una disminución de la seguridad alimentaria, ya sea por la presión sobre las especies – sobrepesca o métodos de pesca insostenible- como por la falta de información sobre el origen de la pesca-. Por otro lado, los productos de la pesca ilegal pueden llegar a los mercados, generando una competencia desleal e injusta con productos legales y/o captura sustentable. La FAO destaca que la pesca INDNR socava los esfuerzos nacionales y regionales de conservación y ordenación de las poblaciones de peces y, como consecuencia, limita el avance hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Por otro lado, a pesca INDNR representa una gran desventaja y discriminación para los pescadores que actúan de conformidad con las condiciones de sus autorizaciones de pesca.
odo esto genera inquietud en países importadores y, mayormente, en los consumidores; pero también de aquellos que son productores y que ven afectada su actividad por la pesca ilegal. En este marco, en 2008 el Consejo de la Unión Europea adoptó el Reglamento No. 1005/2008 que establece un sistema comunitario para prevenir, disuadir y eliminar la pesca INDNR; en tanto que en 2014 el presidente norteamericano Barack Obama solicitó a un grupo de trabajo interagencia elaborar una serie de recomendaciones para la implementación de un marco integral de programas para combatirla.
Consumidores cada vez más demandantes de información representan una presión sobre los gobiernos para establecer regulaciones. En los últimos años muchos gobiernos, sectores de la industria, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales han comenzado a articular iniciativas para impulsar programas y normativas que garanticen la oferta de productos de la pesca sostenibles. Estados Unidos y la Unión Europea son dos de los actores que lideran la promoción de muchas de las iniciativas y, debido al peso de ambos en el escenario internacional, sus esfuerzos sientan las bases para la implementación de un marco global para el establecimiento de estos sistemas.
Que la pesca cuente con altos estándares de trazabilidad será un factor determinante para competir en los mercados internacionales contra la pesca furtiva. Avanzar en una regulación nacional en esa línea es clave para la industria local, más allá de los beneficios ambientales que representa. Las exportaciones de productos pesqueros alcanzaron los 2.148 millones de dólares estadounidenses en 2018, y se mantienen en cifras cercanas a los 2.000 millones. La Unión Europea y los Estados Unidos se encuentran entre los principales mercados de destino.
La Argentina ocupa el puesto 21 entre los países productores de pesca. La industria pesquera representa uno de los sectores productivos con mayor potencialidad para el desarrollo económico del país, por un lado, por su contribución a las economías regionales, y por otro, a nivel nacional, por su aporte de divisas.
Un sistema nacional de trazabilidad permitirá generar un valor agregado a la industria y servirá para identificar a aquellas especies del Atlántico Sudoccidental que son capturadas por pesquerías reguladas, ayudando a los importadores, minoristas y consumidores a identificarlas entre aquellas capturadas por las flotas que no puedan demostrar su ajuste a las condiciones ambientales y sanitarias exigibles. De este modo se contribuirá a la preservación del ambiente marino de nuestro país y de las áreas marítimas adyacentes, como así también a la producción y consumo sostenibles.
Nota de opinión publicada en Conexión Animal el 14/08/2021
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