La justicia no rechazó las denuncias por acoso sexual y laboral contra Martin Prieto

Buenos Aires, 7 de diciembre. Las ex empleadas de Greenpeace, que denunciaron al ex Director Ejecutivo de la ONG, Martín Prieto, por acoso sexual, exhibicionismo obsceno, abuso de poder y violación de correspondencia privada, entre otras, señalaron que esas denuncias no han sido negadas, sino que para la Justicia no están a su alcance para ser investigadas o no configuran delito penal. El delito penal de “abuso sexual” del que Prieto fue sobreseído, fue una imputación de la fiscalía, no de las denunciantes. Otras denuncias graves contra Prieto no se presentaron en la Justicia, pero estaban disponibles para la investigación interna que llevó adelante Greenpeace Internacional luego de que 42 ex empleados y empleadas y ex voluntarias y voluntarios lo denunciaran públicamente en abril de este año.

“El fallo del Juez no desconoce los hechos denunciados, lo que establece es que, por un lado, parte de ellos no se adecuan a la figura penal del abuso sexual; y por otro, debido al tiempo y lugar de sucedidos los otros hechos, se aplican los principios de extemporaneidad y extraterritorialidad, por lo que la Justicia declara su inhabilidad para proceder ante las denuncias y determina su archivo, salvo para un caso de exhibicionismo que se deriva a San Juan ”, señaló la Dra. Alejandra Bellini, patrocinante de las denunciantes.

En referencia al acoso sexual que fuera denunciado por una de las  exempleadas, cuando recién había ingresado a la organización  y aún era voluntaria con solo 18 años, referido a las recomendaciones de literatura erótica, referencias a sus partes íntimas, entre otras acciones realizadas por Prieto, fueron calificadas por el Fiscal, y asumidas por el Juez, como situaciones incomodas, desafortunadas, excesivas o impropias, que si bien son censurables y repudiables, no llegan a constituir la figura de abuso sexual, en tanto que la  normativa exige la realización de actos corporales, quedando excluidas de la figura las palabras por lujuriosas o la simple contemplación.

En cuanto a los dos episodios referidos a las conductas inapropiadas de Martin Prieto por pasearse en ropa intimida o exhibirse casi sin ropa ante ellas en situaciones de trabajo, se determinó que el hecho acontecido en la ciudad de Cartagena, Colombia, no se encuentra abarcado dentro de los delitos pasibles de ser juzgados en nuestro país; y el otro, acontecido en la provincia de San Juan, debe ser transferido a dicha jurisdicción. La investigación sobre estos hechos ha quedado archivada total o parcialmente por extraterritorialidad. Lo mismo fue dictaminado para el caso de maltrato y acoso sucedido en Chile.

En cuanto a violación de correspondencia privada, el Fiscal lo calificó como de acción privada, y a pesar de no configurarse como delito penal, no fueron negados ni desmentidos.

Por su parte, no hay referencia en el fallo a las denuncias por el consumo de pornografía por parte del denunciado en el ámbito laboral delante de empleados.

Martín Prieto, quien está casado con la responsable de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Gabriela Pastorino, fue obligado a desvincularse de la organización meses atrás debido al resultado de una investigación interna, que excluyó expresamente estas denuncias por imposición de la oficina local. No obstante, el reporte de Greenpeace Internacional dado a conocer en el mes de agosto pasado,  comprobó que en las oficinas bajo el poder de Martín Prieto se registraron casos de abuso de poder, discriminación por género, afiliación sindical y/o nacionalidad y bullying, además de la connivencia entre Prieto y el Consejo Directivo que debía controlarlo.

Por otro lado, las exempleadas ya habían iniciado una denuncia de todos estos hechos ante el fuero laboral y firmado un poder en la Cámara de Apelación del Trabajo para que su letrado iniciara las acciones contra Greenpeace. Pero la acción judicial no prosperó debido a que, llamativamente, el abogado nunca presentó las demandas, engañado a sus clientas en reiteradas oportunidades hasta esperar que la causa prescribiera. Debido a ello, una vez anoticiadas de la defraudación, las denunciantes iniciaron acciones contra el letrado e iniciaron las acciones legales contra Prieto en el fuero penal.

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